«La Marañosa», un nombre simpático para una instalación perversa

n los últimos meses hemos asistido a un tortuoso y engañoso debate sobre el uso,  totalmente repudiable, de armas químicas en la  larga y dolorosa guerra civil siria.

Se han levantado diversas voces que, sin estar libres de pecado, han lanzado piedras contra el régimen de Assad, la oposición siria, grupos terroristas, supuestos financiadores… llegando incluso a amenazar con una intervención militar -nada más y nada menos que por parte Barack Obama,  premio Nobel de la Paz 2009.

Finalmente, el gobierno sirio reaccionó solicitando, en  septiembre  de 2013, el ingreso en la OPAQ -Organización  para la Prohibición de Armas Químicas- abriendo así las puertas del país a los inspectores de este organismo y de las Naciones Unidas que comenzaron el proceso de verificación del desmantelamiento de los arsenales químicos en octubre. Finalmente el 28 de octubre de 2013 la Convención contra las Armas Químicas entró en vigor en Siria que se convirtió en el 191 Estado miembro.

Pero, ¿realmente todos los Estados firmantes de la CAQ están libres de pecado  como para lanzar piedras?  A estas alturas es harto conocida cuál ha sido la actividad “químico militar” de algunos  países  firmantes como EEUU, Inglaterra o Francia, y -en su día- Alemania, que producen,  usan, almacenan  y venden armamento químico.  Pero, ¿está España libre de polvo y paja? Pues no. Entremos en el asunto.

El 23 de agosto de 1993, el diario El País sorprendía a la opinión pública con una inquietante información: «El Ejército posee una planta diseñada para fabricar armas químicas a solo 14 kilómetros de Madrid».

La nota periodística recogía el estupor causado en el Ministerio de Asuntos Exteriores -dirigido por el socialista Javier Solana- al conocerse el contenido de un documento remitido por el Ministerio de Defensa -encabezado por Julián García Vargas- en el que se consideraba  “planta de producción  de armas  químicas”  al complejo militar de La Marañosa, ubicado -como explicitaba el titular de la noticia- a 14 kilómetros de Madrid, dentro del Parque Regional del Sureste –zona de reserva integral-, en el municipio de San Martín de la Vega (14,189 habitantes).

Dicho documento era, ni más ni menos, que el borrador de la declaración que España, como firmante siendo presidente Felipe González, de la Convención de Armas Químicas (CAQ) -el  13 de enero del 1993-,  que debía presentar para la obligada verificación por parte de una comisión internacional.  Tras años de ocultación, dicho borrador desvelaba uno de los secretos mejor guardados del Ejército español y desmontaba la doctrina “oficial” según la cual, España nunca había producido ni utilizado armamento químico ni preveía hacerlo.

Sin embargo, este borrador fue retocado desapareciendo la calificación de fábrica de armas químicas y recalificando a La Marañosa de “laboratorio de investigación en agresivos químicos para el desarrollo de sistemas de protección y a efectos médicos”.  Pero, pese a la corrección, ya  fue imposible seguir ocultando que en la guerra del Rif, el ejército español utilizó sistemáticamente desde 1921 a 1927 armamento químico (fosgeno, cloropicrina,  y sobre todo hiperita –gas mostaza-).

Por otra parte, rigurosas publicaciones, de autores locales y extranjeros aparecidas a finales de los 90, desvelaron que, inicialmente -y después de la terrible derrota de Amman-, Alemania había surtido a España con  armamento  químico procedente de sus sobrantes de la Primera Guerra Mundial, al ejército español.

Posteriormente -y contando con la imprescindible asesoría de militares de la Alemania  nazi- España comenzó a fabricar esta clase de armamento gracias a la construcción, en 1923, de la primera fábrica española de armas químicas en La Marañosa, complejo militar que, al principio, fue bautizado como “Fábrica de Alfonso XIII” en reconocimiento al demostrado entusiasmo del monarca por ese tipo de armamento.

Semanas después y ante el revuelo  organizado, el El País en su edición del 10 de septiembre de 1993, volvía  a abordar  el asunto, ahora con un titular tranquilizador “Marañosa no fabrica armas químicas”. En la breve nota se informaba que el Ministerio de Defensa había abierto, a los medios de comunicación, las puertas  del “centro de investigación” de La Marañosa para dejar claro, de una vez por todas, que allí no se fabricaban armas químicas. En este artículo se precisaba  que  las  instalaciones ubicadas en el Complejo Químico Militar de La Marañosa correspondían a la Fábrica Nacional La Marañosa, la que produjo las armas químicas empleadas en la guerra del Rif, que las fabricó para la Segunda Guerra Mundial y que, actualmente sigue tratando con sustancias químicas como el agente VX o el gas mostaza,  como parte de la investigación para la fabricación de equipos de protección para ataques químicos y de NBQ-; el Laboratorio Químico Central de Armamentos, creado en 1952 y que se dedica a la  investigación de armamento nuclear, biológico y químico, un Polígono de Tiro y una Galería de Experiencias, que realmente es  un  museo de mascaras de gas. La nota periodística concluía con un curioso comentario “La última creación del centro es una máscara antigás que permite beber mientras se lleva puesta…”.

Sin embargo, abrir las puertas de La Marañosa a los medios de comunicación para intentar tranquilizar a la población, no impidió que, desde 1993, diversos grupos antimilitaristas del sur de Madrid,  desarrollaran una argumentada y sólida  denuncia del complejo químico-militar exigiendo su desmantelamiento y su posterior reconversión en una infraestructura civil y de utilidad social.

Han sido diversos los colectivos y organizaciones  que se han ido sumando hasta conformar, en 1994, la Plataforma Contra el Complejo Químico-Militar de La Marañosa y que han protagonizado creativas y constantes movilizaciones  como las marchas que iniciaron en enero del 1994 coincidiendo con el día internacional de la No Violencia.  

En enero de 1993 España, firmó la Convención de Armas Químicas (CAQ) y en agosto de 1994 ratificó su adhesión. La CAQ entró en vigor en 1997, y se creó la Organización Para la Prohibición  de las Armas Químicas (OPAG)  en la que España se integró bajo gobierno del Partido Popular. En este mismo año, el 12 de mayo, el gobierno presidido por  José María Aznar reguló,  mediante Real Decreto, la composición  -y funciones- de la Autoridad Nacional para la Prohibición de las Armas Químicas (ANPAQ) y, un mes después, estableció una  Representación Permanente  de España en la OPAQ.

Un par de años después, el 20 de diciembre de 1999, se aprobó mediante la Ley 9/99,  la normativa española para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la CAQ en relación al control de sustancias químicas susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas. Para la verificación de su cumplimiento se eligió al Laboratorio de Verificación de La Marañosa -LAVEMA-, el laboratorio militar que forma parte de la Unidad de Defensa Química del –actualmente- Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM) que, según reza en su página web, es “el principal organismo de I+D del Ministerio de Defensa”.

¿Qué es el Instituto Tecnológico de La Marañosa (ITM? Pues el resultado de la necesidad de solventar y de potenciar la I+D en el sector de Defensa, y de apoyar al  Ministerio de defensa en las necesidades requeridas por el Plan Nacional de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i). Vayamos por partes.

Como ya se ha indicado,  el  Complejo Químico Militar  de La Marañosa, se ubicaba en unos terrenos que, según la  Ley 6/1994 de 28 de junio, pertenecen  Parque Nacional del Sureste de Madrid  situados en “los terrenos en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama”.  En esta misma ley se establece un régimen jurídico especial  “cuya finalidad será la protección, conservación y mejora de sus recursos naturales”. 

Pese a que la línea argumental de la ley defiende la imperiosa necesidad de preservar ese territorio, y evitar la degradación producida por la actividad industrial, la inadecuada explotación de los recursos naturales y los factores derivados de su carácter periurbano, etc.,  la disposición séptima sanciona que, “por interés de la Defensa Nacional, se mantendrán las instalaciones, usos y actividades militares existentes  en el ámbito geográfico de la presente  ley”. Ergo el Complejo Químico Militar no se mueve de lugar.

En él, la Fabrica Nacional La Marañosa, según reza en la web del Ministerio de Defensa se dedica “al I+D en el campo de artificios y municiones y NBQ. Interviene de forma directa en todos los programas nacionales de desarrollo y homologación de nuevos sistemas de armas y municiones, que requieren la realización de diferentes ensayos en el Campo de Tiro. Participa en diversos Foros Nacionales e Internacionales: Grupo OTAN (…) y en el programa EUCLID promovido por la UEO para fortalecer la cooperación industrial, tecnológica y científica en el sector europeo de defensa sobre temas de NQB -armamento nuclear, químico y biológico-”.

Con el tiempo, el Ministerio de Defensa, dada su decisión de ampliar su capacidad investigación científica y desarrollo tecnológico valoró insuficientemente el potencial de  servicio del Complejo Químico Militar de la Marañosa. Por ello, en el 2001, siendo ministro  Federico Trillo, Defensa  aprobó la ampliación del complejo.

En noviembre de 2002, salió a concurso “la elaboración del proyecto de urbanización del Instituto Tecnológico de La Marañosa (ITM)”  aun careciendo del obligado estudio de viabilidad ambiental  que debe emitir  la Junta Rectora del Parque. La ley en su Artículo 27, explícita la prohibición de “realización de obras o movimientos de tierras que modifiquen la morfología, los cursos y el régimen de aguas, en los términos y con las excepciones que se establezcan en  el Plan Rector de uso y Gestión o en las actuaciones a las que se refiere la disposición adicional segunda, cuyo objetivo es la restauración del medio natural”.

Todavía había que esperar un par de meses para que Defensa enmendara su proceder  y sometiera su plan a  la Junta Rectora del Parque para obtener su consentimiento. Según informó el rotativo El Periódico, la Junta de esta reserva natural se reunió el 14 de enero de 2003 bajo la presidencia del consejero de Medio Ambiente de la municipalidad madrileña.  En dicha reunión el consejero no solo no presentó el expediente con las obras a realizar sino que realizó una  somera exposición sobre las obras de demolición a realizar y la construcción de algunas instalaciones. Finalmente la Junta se pronunció a favor de la propuesta de Defensa de manera por mayoría.

“Las cosas de palacio van despacio”… pero el refrán no aplica para Defensa ya que, el 13 de febrero de 2003, tan sólo un mes después de haber conseguido el informe de viabilidad,  se adjudicaron 269.000 euros para la elaboración del proyecto de urbanización del ITM y se iniciaron las obras de demolición de la Fábrica Nacional la Marañosa para poder construir posteriormente el  nuevo campus tecnológico. 

Tal y como informaba  El Periódico  del 15 de mayo del mismo año  “El Ministerio de Defensa ha decidido instalar su gran centro de guerra química, nuclear y bacteriológica (NBQ), así como laboratorios de armamento convencional del Ejército de Tierra y de la Armada, en un espacio natural protegido. […] Estos centros militares realizan aplicaciones tan diversas como la investigación de armas químicas y bacteriológicas, la medición del armamento convencional […]. Se trata de actividades de alto riesgo, clasificadas como secreto…”, así pues en el nuevo enclave militar, al igual que ocurrió con la Fabrica Nacional La Marañosa “se seguirá trabajando con agentes químicos, se experimentará con productos biológicos y se probaran sistemas de detección y descontaminación química y nuclear”. 

En 2004 desde que se iniciaron las obras de demolición y hasta la creación del Centro se produjeron varios incendios -calificados como accidentes- en el área. Estos incendios abrieron la puerta a la recalificación de los terrenos del parque, favoreciendo así su concesión para la construcción de infraestructuras. A pesar de lo paradójico que resulta lo sucedido nunca se llegaron a esclarecer las causas de los incendios.

Además, en este mismo período los responsables del centro armamentístico solicitaron a la Entidad Nacional de Acreditación una licencia para utilizar productos químicos considerados de alta peligrosidad por la OPAQ. Una licencia necesaria si se preveía el uso de esta clase de materiales y que lamentablemente les fue concedida.

El 13 de noviembre de 2006, el ministro de Defensa José Antonio Alonso dispuso, mediante Orden Def/3537/2006,  la creación oficial de Instituto Tecnológico La Marañosa viabilizando así las indicaciones del Plan Director de Investigación y Desarrollo que señalaba la conveniencia de crear un único Centro Tecnológico -bajo la Dirección General de Armamento y Material-  que integrase y englobase las funciones que venían realizando los siguientes Centros: Polígono de Experiencia de Carabanchel; Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería; Fabrica Nacional de La Marañosa; Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada –del que depende el Centro de Evaluación y Análisis Radioeléctrico-; el Laboratorio Químico Central de Armamento  y el Centro de Ensayos de Torregorda.

Esta Orden contiene una única disposición transitoria: todos los Centros continuaran  funcionando, con total normalidad, en sus actuales emplazamientos hasta “que no se aprueben la relación de puestos de trabajo y no se habiliten las infraestructuras y equipamientos necesarios del Instituto Tecnológico de La Marañosa”.

Tras cinco años de espera, y algunos retrasos en la construcción y acondicionamiento, finalmente el 16 de febrero de 2011, el Príncipe de Asturias y la  ministra  de Defensa, Carmen Chacón -acompañados de otros cargos civiles y militares-, inauguraban el Instituto Tecnológico.  Según la ministra, “el ITM está llamado a ser un centro de referencia internacional en investigación militar y tecnologías de la Defensa. Mejorará la eficacia  de las Fuerzas armadas, reforzará la protección de militares y ciudadanos, y potenciará desarrollos que luego podrán aplicarse en el mundo civil”.

El ITM cuenta con  11 edificios temáticos ubicados en 44,000 metros cuadrados, 118 laboratorios organizados en siete áreas especializadas y una plantilla de 8000 personas entre trabajadores e  investigadores civiles y militares. Su coste final alcanzó la cifra de 80 millones euros -superando significativamente los “aproximados  50 millones de euros” que calculó la Revista Española de Defensa en mayo del 2004- . Las siete  áreas tecnológicas, según la web del ITM son: Armamento; Electrónica;  Metrología y Factor Humano;  Defensa Nuclear, Biológica y Química (NBQ) y Materiales;  Optrónica y Acústica;  Plataforma  y   Tecnologías de información y comunicaciones y Simulaciones (TICS). A la vista de esto nadie negará que los dos últimos  gobiernos del PSOE se han esmerado en potenciar la I+D militar….

Volviendo al motivo inicial de este trabajo: las notas oficiales pueden desmentir lo que quieran, pueden plantear que La Marañosa no produjo, ni produce armamento químico, pero eso no responde a la verdad.  Investigar en Defensa NBQ supone  experimentar mediante actividades de alto riesgo y normalmente bajo secretismo oficial. Son actividades que implican el almacenamiento,  manejo de sustancias químicas y biológicas así como  la experimentación aunque sea en dosis moderadas, para la fabricación de  equipos de protección eficaces frente hipotéticos ataques con armas químicas y NBQ.

Además, fabrican material antidisturbios como gases lacrimógenos, botes de humo, gases que afectan al sistema nervioso. Sería largo el listado de artefactos perversos que el ITM tiene capacidad de producir: además de los relacionados con la defensa NBQ, están también explosivos, cohetes y misiles; el armamento y las municiones de todos los calibres, la artillería de campaña, los morteros, las armas contracarros, el armamento naval… y un largo etc. 

Por si quedará algún resquicio de duda sobre la fabricación experimental de armas químicas y el uso de las mismas para investigación militar, cabe resaltar que el 8 de septiembre de 2011, meses después de la inauguración del nuevo Instituto Tecnológico y dos meses antes de que Mariano Rajoy asumiera la Presidencia del gobierno, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 1237/2011 que se estableciera la “aplicación de las exenciones, por razones de defensa, en materia de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas..” Sin duda, un buen regalo de despedida de la Ministra Carmen Chacón, en línea con su generosa actuación al frente del Ministerio  de Defensa. 

* Ver, entre otras, las obras de Rudibert Kunz y Rolf-Dieter Müller (1990) Gas venenoso contra Abdelkrim; Juan Pando Despierto (1999) Historia secreta de Ammal; Ignacio Hidalgo Cisneros (2001) Cambio de rumbo; Sebastian Balfour (2002) Abrazo Mortal.

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