Grandes empresas marcan la agenda de la UE en materia de investigación en seguridad y se lucran con ella

Un grupo de transnacionales está recibiendo millones de euros de fondos públicos de investigación para desarrollar tecnologías de vigilancia y espionaje cada vez más invasivas, revela un nuevo informe publicado por el Transnational Institute, Statewatch, el Centro Delàs de Estudios para la Paz, el Instituto Internacional para la Acción Noviolenta (NOVACT) y el Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ).

El informe, Las fuerzas del mercado, cuya versión completa está disponible en inglés y se presenta en español en formato de resumen ejecutivo, revela que el programa de investigación de la UE ‘Sociedades seguras’, que cuenta con un presupuesto de 1700 millones de euros, ha sido definido en gran medida por la influencia del sector de la “seguridad interior” y que, en ese proceso, está construyendo una Europa cada vez más militarizada y centrada en la seguridad.

El programa de investigación, que inició su andadura en 2007, persigue luchar contra un número aparentemente ilimitado de “amenazas”, que irían desde el terrorismo a la delincuencia común, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías de “seguridad interior”, como instrumentos automatizados de análisis del comportamiento y reconocimiento biométrico.

Entre los principales beneficiarios de estos fondos para investigación encontramos grandes empresas: Thales (33,1 millones de euros), Selex (23,2 millones de euros), Airbus (17,8 millones de euros), Atos (14,1 millones de euros) e Indra (12,3 millones de euros) son las cinco transnacionales que más fondos han recibido. Algunos institutos nacionales de investigación también han recibido una gran cantidad de fondos; de estos, los cinco primeros serían: Instituto Fraunhofer en Alemania (65,7 millones de euros), TNO en los Países Bajos (33,5 millones de euros), Instituto de Investigación de Defensa en Suecia (33,4 millones de euros), Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas en Francia (CEA, 22,1 millones de euros) e Instituto Austriaco de Tecnología (16 millones de euros).

España es uno de los principales receptores de fondos para investigación en seguridad: entre empresas, organismos estatales, institutos de investigación e instituciones educativas, el país ha recibido más de 166 millones de euros (el 9 %) de los 1800 millones desde 2007, según cifras oficiales de junio de 2017.

Muchas de estas organizaciones y sus grupos de presión han desempeñado un papel importante en la formulación del programa de investigación mediante su participación en foros público-privados de alto nivel, grupos asesores de la Comisión Europea y grupos de presión como la Organización Europea para la Seguridad (EOS).

El informe también analiza el Fondo de Seguridad Interior de la UE, con un presupuesto de 3800 millones de euros, que proporciona fondos a los Estados miembros para que adquieran nuevas herramientas y tecnologías: drones para el control de fronteras y sistemas de vigilancia, receptores de IMSI para espiar teléfonos móviles, herramientas de vigilancia en internet y sistemas policiales de ‘anticipación del delito’ son algunos de los elementos que aparecen en la agenda.

Se prevé que el fondo termine pagando las tecnologías desarrolladas a través del programa de investigación de seguridad, de forma que se cree un circuito cerrado de oferta y demanda entre compañías privadas y autoridades estatales.

A pesar de la actual crisis económica, los fondos de la UE para nuevas herramientas y tecnologías de seguridad han aumentado de menos de 4000 millones de euros a casi 8000 millones en el período 2014-2020 (en comparación con 2007-2013). El informe advierte del riesgo de que cobren aún más fuerza las tendencias autoritarias en los Gobiernos de la UE que en los últimos años han tomado medidas sin precedentes para normalizar las medidas de excepción y socavar la protección de los derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo y la “seguridad”.

Las fuerzas del mercado apunta que las próximas negociaciones sobre la siguiente ronda de programas de financiación (2021-2027) brindan una oportunidad para reformar las bases en que se fundamenta el desarrollo de nuevas tecnologías de seguridad y el financiamiento de herramientas y equipos para autoridades nacionales.

Chris Jones, investigador del grupo Statewatch y autor del informe, señala:

“La agenda de investigación de la UE en materia de seguridad lleva mucho tiempo impulsada por una serie de intereses interconectados de grandes empresas transnacionales e instituciones de la UE para promover un nuevo mercado de la ‘seguridad interior’ y tratar de responder a una serie de cuestiones graves como el terrorismo, la delincuencia, las catástrofes naturales y de origen humano, y las migraciones a gran escala. La defensa de esos intereses ha dado lugar a una relación insalubre entre los sectores público y privado. La democracia está pagando un alto precio en nombre de la seguridad. Las negociaciones sobre la siguiente ronda de presupuestos de la UE deberían procurar detener este inquietante complejo industrial de la seguridad y priorizar unas políticas que primen a las personas y los derechos fundamentales por encima del lucro.”

Manuela Mesa, directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ), apunta:

“Se requiere promover una agenda de investigación más plural, en torno a la ‘seguridad humana’, orientada a promover sociedades inclusivas. Es preciso una mayor transparencia e información sobre los proyectos de investigación que se están financiando con dinero público, que son implementados por grandes empresas y que reducen la seguridad al control policial y a la militarización de las fronteras. Si el dinero que la Unión Europea ha invertido en control fronterizo se hubiera destinado a abordar las causas de la migración y el refugio, los resultados serían mucho más satisfactorios y contribuirán a fortalecer los derechos humanos.”

Felipe Daza, codirector del Instituto Internacional para la Acción Noviolenta (NOVACT), señala:

“Estas políticas de seguridad comunitarias y, concretamente, la agenda de investigación, son un reflejo de la deriva autoritaria de las instituciones públicas que pone en jaque uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyó la Unión Europea: los derechos humanos. El enfoque de hard security, basado en el control, la vigilancia, la represión y el uso de medios militares en esferas de la seguridad pública, priman por encima de la ética y el respeto de los derechos humanos, imponiendo la narrativa de que la seguridad está por encima de todo, incluso de nuestras libertades fundamentales. Está en juego mucho más que un presupuesto europeo: un modelo de sociedad.”

Datos de contacto:

Chris Jones, Statewatch: chris@statewatch.org

Manuela Mesa, CEIPAZ: mmesa@ceipaz.org

Felipe Daza, NOVACT: felip@novact.org

Centro Delàs de Estudios por la Paz: premsa@centredelas.org

Notas:

[1] Las fuerzas del mercado se puede consultar aquí:

Resumen ejecutivo: http://www.tni.org/fuerzas-del-mercado

Informe completo en inglés: http://www.tni.org/marketforces