El gasto militar español y la objeción fiscal
20.050 millones de euros es la cifra que el Estado Español gastó en Defensa en el 2019, es decir, 55 millones de euros diarios, o su equivalente: el mantenimiento anual de 2.005 camas de UCI, tan necesarias en la crisis actual del COVID19.
El día 27 de abril, el Centre Delàs y el IPB presentaron la campaña Día Global de Acción sobre Gasto Militar (GDAMS), que coincidió con la presentación, por parte del SIPRI, de los datos sobre gasto militar mundial de 2019, cifrados en 1,92 billones de dólares. A raíz de esto, han aparecido en muchos medios distintas comparativas entre el gasto militar y el gasto en salud en España.
Estas informaciones nos revelan el desmesurado gasto, año tras año, de las inversiones en armas de última generación de los programas PEAS, como aviones Eurofighter, tanques Leopard, el submarino S80, misiles y un largo número de instrumentos de guerra (o de muerte). Ningún gobierno publicita este gasto en los medios de comunicación por múltiples razones, pero básicamente, porque su conocimiento podría hacer que en la opinión pública se generase una corriente contraria al mismo.
En cambio, en la actual situación sanitaria, el Gobierno aprovecha la ocasión para, mientras tapa la falta de recursos sanitarios, vender la imagen de un ejército con recursos, que ofrece seguridad y protección desplegando la Unidad Militar de Emergencias (UME) por toda la geografía de España a paso marcial, que lucha contra el virus con camiones, tiendas de campaña, desinfectantes y algún que otro fusil a la espalda.
Veamos, con 31,4 millones de euros en 2019, según el presupuesto del Ministerio de Defensa, las funciones de la UME son las mismas que tiene Protección Civil. En su web vemos que en 2019, esta unidad de 3.500 efectivos participó en 64 operaciones, con una participación total de 8.321 efectivos; es decir 2,38 acciones por efectivo. En el mismo periodo, los 1.800 bomberos de Madrid y los 607 de Barcelona realizaron 24.669 y cerca de 21.000 salidas (proporción de 13,7 y 34,59 por bombero respectivamente). Es decir, muchos recursos para poco beneficio.
Trasladar el coste de Defensa a recursos en salud permitiría hacer frente a los peligros reales como el COVID19. Frente a este argumento siempre habrá quien piense que las armas son para defendernos; pero ¿de quién? ¿Somos atacados? ¿Invasión? ¿Disuasión? Con esta pandemia sanitaria, de repente, hemos visto la inutilidad del ejército que nos defiende. De golpe, somos conscientes de que quien nos ataca ahora, o en el futuro, es este o cualquier otro virus, que no vamos a poder matarlo a cañonazos y que no habrá disuasión por muchos Eurofighter que poseamos. La única opción es dotar de recursos a la investigación médica y a la sanidad.
La objeción fiscal al gasto militar
Conscientes de que con nuestros impuestos todos colaboramos sin excepción en mantener la estructura militar y todo su entorno, en el año 1984, el MOC y otras entidades de paz promovieron la campaña de objeción fiscal al gasto militar como un paso más allá de los objetores de conciencia al servicio militar, quienes tampoco querían contribuir con sus impuestos a mantener dicha estructura. Esta campaña invitaba a toda la sociedad, en un acto de desobediencia civil y en el momento de realizar la declaración de renta, a desviar el % destinado a Defensa a entidades de carácter social y solidario y así mostrar su rechazo a un gasto militar que va en detrimento del gasto social. Su lema: “gasto militar para gasto social”.
Desde entonces, los objetores y objetoras fiscales al gasto militar, hemos sido tratados como defraudadores y perseguidos por Hacienda. La objeción fiscal se ha realizado siempre de manera transparente, como compromiso de no evadir impuestos, documentando en un escrito dirigido a hacienda que reclamamos el derecho de conciencia a no contribuir a mantener la estructura militar, en la que no creemos, y sí a dar un sentido social a nuestros impuestos, y demostrando que hemos desviado el dinero a entidades de carácter social y por el desarrollo.
De la misma manera que se dedican muchos recursos económicos a campañas en los medios de comunicación, alabando las “virtudes” del ejército en un intento de lavado de imagen, Hacienda, en los dos últimos años, ha destinado todos sus recursos a perseguirnos, revisando y reclamando los importes de la objeción fiscal realizada durante lo últimos cuatro años fiscales, reclamando intereses y proponiendo sanciones al definirnos como negligentes por realizar la objeción fiscal de forma continuada.
El volumen económico de la objeción fiscal total en España, en un año, puede rondar los 30.000 – 50.000 euros, según las informaciones que los propios objetores y objetoras nos facilitan en nuestra web (www.objecciofiscal.org). ¿Qué representa esta cantidad frente el gasto militar en 2019 o frente a las comisiones de Juan Carlos I o los defraudadores de la lista Falciani que tienen el dinero en paraísos fiscales? Entonces, ¿por qué destinar todos los recursos a perseguirnos y no a los grandes defraudadores? Está claro, la disidencia al poder del Estado se ha de perseguir, sin tener en cuenta cuáles son los intereses de la sociedad.
Campaña “Por 1€, o 5€ o 10€, haz objeción fiscal”
El MOC supo gestionar los ataques del Estado a sus reivindicaciones; de la misma manera, la objeción fiscal ha realizado un cambio en su estrategia: promover la objeción fiscal al gasto militar por un importe simbólico de 1€, o 5€ o 10€, con dos intenciones: 1) incluir a aquellas personas que en esta situación sanitaria han visto el despropósito del gasto militar y quieren emitir su disconformidad; 2) permitir continuar reclamando el derecho de conciencia a no contribuir con el gasto militar, incluso a quienes no puedan soportar la presión económica de las reclamaciones por desviar el % de sus impuestos destinados a defensa (4,24% este año, según PGE).
El valor de la desobediencia en la objeción fiscal reside en mostrar el rechazo al gasto militar y negarse a ser colaborador con el mismo.
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