10.471 millones para preparar la guerra y contribuir a un genocidio

El pasado 22 de abril, el presidente del Gobierno presentaba de forma sorpresiva su plan para que el gasto militar español alcance el 2% del PIB ya en este 2025, y no en 2029 como estaba previsto. El plan, que asciende a 10.471 millones de euros, es todo un ejercicio de prestidigitación, no solo en la forma en la que (a falta de nuevos presupuestos) ha conseguido escamotear recursos a otros ministerios, sino también en cómo consigue presentar un plan de rearme (y nos consta que al presidente Sánchez no le gusta ese término) como un conjunto de inversiones que mejorarán las condiciones de las tropas (35,45% del total), fortalecerán telecomunicaciones y ciberseguridad (31,16%) y servirán para apoyar en la gestión de emergencias y desastres naturales (16,73%). Son conceptos más amables, que la ciudadanía probablemente puede aceptar con mayor simpatía, y juntos suman el 83% del total del plan. El resto se dirige a misiones en el exterior (3%) y a ‘Instrumentos de defensa y disuasión’ (18,75%), un eufemismo para sistemas de armas y bombas que enorgullecería al mismísimo George Orwell.

Pero el caso es que, si nos fijamos en el detalle de esos tres primeros epígrafes que conforman la mayor parte del plan, nos encontramos con que, bajo esos conceptos quizás más socialmente aceptables, se esconden numerosos programas de armamento. En total, este “Plan industrial y tecnológico” destina partidas a 31 Programas Especiales de Armamento (PEA, ahora llamados de ‘Modernización’).

Por su ubicación en ciertos epígrafes y por la naturaleza de estas compras, destacamos algunas partidas.

En primer lugar, podemos encontrar más gastos camuflados en la partida de ‘Apoyo a la gestión de emergencias y desastres naturales’. 116 millones se asignan a un vehículo lanzapuentes que ayuda a cruzar desniveles o ríos a vehículos de combate (Dragón 8×8); En una partida de 27 millones aparece un programa ‘contra-UAS’ (Unmanned Aerial System, es decir, contra drones). También se asignan 50 millones al programa de Helicópteros multipropósito, con el objetivo de sustituir los anteriores con una flota de seis nuevos. Si indagamos un poco en el uso que se hace habitualmente de estos helicópteros, su inclusión en la partida de emergencias y desastres naturales resulta sonrojante, pues estos son los helicópteros que utilizan habitualmente miembros de la Casa Real y del Gobierno.

Si saltamos a otra partida, llama la atención cómo la que está dirigida a mejorar las condiciones laborales, de preparación y de equipamiento de las Fuerzas Armadas, que es de hecho la más abultada (3.712,49 millones), solo dedica 679 millones a incrementar las retribuciones del personal y a aumentar efectivos (sin especificar cuánto irá a cada partida). Casi la mitad de la partida de (1.665,37 M€) se dirige, de hecho, a adquirir y desarrollar equipos para entrenar y formar en sistemas de armas y tecnologías vinculadas a los PEA, por unos importes que no tienen precedentes en programas de formación y de entrenamiento de este tipo. La partida más controvertida de este epígrafe es, posiblemente, la de ‘Modernización y mejora de capacidades de entrenamiento’, que asciende a 928,37 millones de euros y que incluye un listado con varios proyectos. Entre ellos se ha colado, parece, el ‘diseño de POD para combate aéreo’, cuya inclusión en este apartado es alarmante por dos motivos. El primero es que genera serias dudas que un designador láser para los aviones de combate Eurofighter que se utiliza, por ejemplo, para iluminar objetivos a los que se dispara con munición de precisión guiada, pueda considerarse una mejora de ‘capacidades de entrenamiento’. Esto nos confirma además una sospecha: se han camuflado programas de armamento en esta y otras partidas de este epígrafe, lo que explica lo abultado de este apartado. El segundo motivo es que la empresa adjudicataria de este contrato, que asciende a 207 millones, es la empresa israelí Rafael, una de las más importantes del país, y que tiene en Gaza su campo de pruebas para los armamentos que desarrolla. Y aunque el acuerdo marco de este programa fue firmado antes del 7 de octubre de 2023 (lo cual permite al Gobierno argumentar que la compra es previa a esa fecha), la adjudicación del contrato se produjo con posterioridad, en marzo de 2024. Ahora, con este plan, se la dota de fondos (no sabemos exactamente cuántos), para cumplir con unos pagos que tienen que llegar hasta los 207 millones de aquí a 2027.

Lo mismo encontramos en la partida ‘Nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad’, que consigna 350 millones para el Sistema Conjunto de Radio Táctica (SCRT), un programa adjudicado a un consorcio de empresas en el que el socio tecnológico es la israelí Elbit, colaboradora necesaria del ejército israelí en el genocidio que está perpetrando contra el pueblo palestino en Gaza.

En este punto cabe un inciso para responder al persistente argumento del Ejecutivo de que no ha comprado armas tras el 7 de octubre, de que las autorizaciones son previas a esa fecha: ¿No se efectúa también una compra cuando pagas por un producto? ¿Puede realmente el Gobierno de Sánchez seguir manteniendo que no compra armas a Israel desde el 7 de octubre? ¿No sería más coherente (y no digamos moral) cancelar o, al menos, congelar esas compras decretando un embargo integral de armas a Israel? Para terminar de desmontar este argumento, vean también esta investigación del Centre Delàs que desvela cómo el Gobierno de PSOE y Sumar ha adjudicado y/o formalizado al menos 46 contratos de compra de armamento a empresas militares israelíes, a sus filiales o a intermediarias desde el 7 de octubre de 2023, que ascienden a 1.044 millones de euros.

Todo esto debería ser suficiente para que cayeran algunas caretas: el Gobierno de España no puede ser referente en políticas de paz ni en apoyo al pueblo palestino mientras mantenga estas políticas de defensa. Su apuesta por la militarización es ahora más cristalina que nunca y liga su destino, y de paso el nuestro, a líderes políticos y empresas de armamento de la OTAN e Israel.

Si prestamos atención al mantra del 2% del PIB en gasto militar que exigía la OTAN hasta ahora (parece que el objetivo subirá pronto al 3%), los juegos de prestidigitación del Gobierno vuelven a dejarnos con la boca abierta. Es cierto que este Ejecutivo (y los anteriores) ya nos tenía acostumbradas a las trampas al solitario (esconder partidas de carácter militar en otros ministerios para que parezca que el gasto militar es inferior), pero en esta ocasión el engaño ha sido clamoroso: se han cambiado las normas del juego, han aparecido cartas bajo el tapete y dentro de las mangas y se ha pintarrajeado alguna que otra para que parezca lo que no es. Tal y como explicamos en el informe El gasto militar y el rearme de España en 2025, el plan con armamentos camuflados y otras artes similares han conseguido que el gasto militar español se dispare hasta los 33.123 millones, alcanzando el tan ansiado 2% del PIB, según los cálculos del Gobierno de Sánchez. Aunque no contamos con el desglose de esta cifra, una simple suma entre lo que se asigna al Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos, los créditos extra aprobados en Consejo de Ministros para este año (casi 4.000 millones más) y los 10.471 millones del plan, nos confirma que, por primera vez, el Gobierno ha incluido en sus cálculos partidas distribuidas por otros ministerios (posiblemente Industria y Exteriores).

Parece que la persistencia y enfado de la OTAN han obligado a sacar a la luz algunas cartas que, hasta ahora, gobiernos de distinto signo se guardaban en la manga. Pero, pese a todo, aún quedan algunas por mostrar: según los cálculos del Centre Delàs (explicados en el informe), el gasto militar real del Estado español para 2025 será aún superior a lo presentado por el Ejecutivo de Sánchez, alcanzando los 40.457 millones de euros, lo que representa casi el 2,5% del PIB.

Episodios como el gran apagón del lunes 28 de abril demuestran, muy a pesar del Gobierno y de quienes defienden la militarización, que la seguridad genuina se encuentra en unos servicios públicos bien financiados y de calidad, además de en la cooperación con otros países, especialmente los vecinos. Y si no nos dejamos engañar por juegos de trileros, entenderemos que los presupuestos de un país son, más bien, un juego de suma cero: lo que se gasta en un lado se deja de gastar en otro (a no ser que se tire de deuda pública). Durante este ejercicio, un gasto militar de esta magnitud significa dejar de gastar en otros sectores (imaginen, por ejemplo, cuánta vivienda pública se podría crear con 10.471 millones). En los próximos años, mantener o aumentar un gasto militar así significará necesariamente recortar en gastos sociales y medioambientales y en políticas de paz, precisamente lo que el momento actual exige y lo que provee verdadera seguridad a las personas.

Llegeix l'article a Público