Armas que no llegan a ‘mal’ puerto
La accidentada travesía del carguero ‘Bahri Yanbu’ en su ruta por llevar armas de Europa a Arabia Saudí y que, más que probablemente, acabarán siendo lanzadas o disparadas en Yemen, ha puesto de nuevo de actualidad la cuestión de las exportaciones de armas en nuestro país. No sabemos el tipo de armamento que recogió en Santander, aunque el ministro Borrell ha asegurado que eran armas para una exhibición y no para la guerra. Sí que sabemos que gracias a la oposición ciudadana no pudo cargar armas en Le Havre y Génova y que sí pudo cargar en Amberes seis contenedores de armas belgas.
El Gobierno español y sus ventas de armas a Arabia Saudí responden a la locución latina excusa non petita, accusatio manifesta. El Gobierno repite una y otra vez que España le vende armas a Arabia Saudí, pero que estas no son para la guerra. Cuesta creer que un país en guerra compre armas para tenerlas almacenadas, pero para el Gobierno español basta la firma del Gobierno saudí en el denominado ‘Certificado de uso final’ por el que se compromete a no utilizar el armamento adquirido en la guerra de Yemen.
Una responsabilidad política
Las armas son, como no puede ser de otra manera, uno de los productos más controlados, tanto en su fabricación como en su comercialización. No existe ninguna transacción (legal) de armamento que no tenga el visto bueno del Gobierno en cuestión. La responsabilidad de toda exportación de armas es, por tanto, política. También en el caso español.
Pero para que las armas lleguen a su destino es necesaria la participación y colaboración de muchos. Empecemos por el principio, las armas se venden porque hay comerciales y comisionistas que buscan clientes entre todos los ejércitos del mundo para las armas de la industria militar, hay incluso personajes de enlace entre el mundo empresarial y el poder político, que facilitan encuentros entre vendedores y compradores. Parece que incluso Corinna, la amiga del Rey emérito, tuvo dicho rol entre España y Arabia Saudí, para la venta, finalmente frustrada, de 250 tanques Leopard a Arabia Saudí por 3.000 millones de euros. Es en cierto modo lógico que lo intentara, se hubiera embolsado un nada despreciable 5%.
Por otra parte, las armas vendidas hay que fabricarlas, lo que nos lleva a apelar a la responsabilidad de ingenieros, diseñadores industriales, expertos en balística, operarios que ensamblan, sueldan o montan carcasas, percutores, sistemas de comunicación, dirección, tiro y demás componentes de cualquiera que sea el arma a fabricar.
Finalmente, las armas hay que llevarlas de la fábrica a la trinchera. De la cadena de producción al campo de batalla. Para ello hacen falta transportistas o el personal de los puertos por los que pasan barcos como el ‘Bahri Yanbu’, con la misión de renovar el arsenal del Ejército saudí.
Hablamos de armas que organizaciones humanitarias y de derechos humanos, e incluso Naciones Unidas, han constatado que han sido utilizadas contra la población civil en hospitales y escuelas, demostrándose así el desprecio del Gobierno saudí por el derecho internacional humanitario. Aun así, España le ha vendido recientemente al ejército saudí 400 bombas láser, del mismo modelo de las utilizadas para cometer los crímenes de guerra mencionados. España sabe que Arabia Saudí no tendría tal capacidad militar de no ser por las armas que le han sido vendidas los últimos años desde Europa y EEUU. Desde el inicio de la guerra de Yemen las industrias militares españolas han exportado armas por más de 1.100 millones de euros al reino saudí.
Gracias a personas, entidades y movimientos por la paz, el desarme y los derechos humanos, el ‘Bahri Yanbu’ no ha podido llevarse armas de Le Havre, ni de Génova. En España ya ocurrió en febrero del 2017 en el puerto de Bilbao donde la objeción de conciencia del bombero Ignacio Robles y el activismo de antimilitaristas y pacifistas vascos lo impidió. No puede ser legal vender armas a países en guerra, no puede ser legal mirar para otro lado cuando sabemos que las armas españolas pueden cometer crímenes de guerra. Si los gobiernos no lo quieren ver se lo tendremos que hacer ver nosotros, boicoteando, no colaborando y evitando participar en cualquiera de las fases necesarias para fabricar y vender armamento. Podemos ser objetores laborales y rechazar que con nuestro trabajo se fabriquen armas, podemos ser objetores científicos y evitar que con nuestra investigación se desarrolle armamento, podemos bloquear y cerrar carreteras, estaciones y puertos para que las armas españolas no lleguen a ‘mal’ puerto.
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