Blindados Dragón o cómo derrochar 2.100 millones en tiempos de crisis

El Ministerio de Defensa decidía hace unos días reactivar el programa VCR 8×8 Dragón para el suministro de 348 vehículos de combate blindados para el Ejército de Tierra con un presupuesto de 2.100 millones de euros. A cargo de él estarán las compañías de armamento Santa Bárbara Sistemas, Indra, Sapa y Escribano, esta última incorporándose a última hora al consorcio, quién sabe si como compensación por sus inestimables servicios en la fabricación de respiradores durante la emergencia sanitaria del covid-19.

La justificación de esta milmillonaria compra está, desde su gestación en el 2007, en sustituir los blindados BMR de que dispone actualmente el ejército español dada su fragilidad ante ciertos ataques con artefactos explosivos, lo que ha costado la vida de varios militares en las guerras de Afganistán e Iraq. La solución para que esto no vuelva a ocurrir es, no obstante, mucho más sencilla que embarcarse en un programa para adquirir 348 vehículos nuevos: España no debe participar bajo ningún concepto en estas operaciones militares, ruinosas en términos morales y económicos, injustificables en clave política y humanitaria.

Es evidente a estas alturas que las aventuras militares en las que España participa siguiendo la estela de los EE UU y aliados de la OTAN, como son las guerras de Afganistán, Iraq o Libia, no llevan paz, estabilidad ni democracia a esos países (tampoco a los nuestros), sino más bien todo lo contrario. La contribución que hace España a estas misiones, simbólica en términos de efectivos y funciones, responde más a un triste intento de codearse con las grandes potencias occidentales en sus disputas geoestratégicas que a defender nuestros ‘intereses nacionales’ y mucho menos aún a promover e impulsar derechos humanos y libertades. Vistas las progresivas polarización, desestabilización y militarización a las que nos abocan los liderazgos temperamentales y llenos de testosterona estilo Trump o Putin, mejor haría España en desmarcarse a tiempo de esas políticas del borde del abismo que sin duda llevarán a nuevas guerras en las que no debemos ni queremos estar.

Para más inri, la aportación española a estas operaciones militares, pese a ser simbólica, nos cuesta más de 1.000 millones de euros al año, una partida a la que sin duda podríamos darle mejor uso en los próximos meses y años atendiendo a los sectores más perjudicados por la crisis. Hasta hace poco una gran parte del costo de estas misiones (hasta un 70%) se pagaba con cargo al Fondo de Contingencia, una estratagema bastante turbia que este año probablemente no podrán llevar a cabo en vista de que una verdadera contingencia, la pandemia del covid-19, ha azotado nuestro país. Esto supondrá inevitablemente “menos horas de vuelo, menos días de navegación y menos ejercicios en el campo”, según se lamentaba un alto mando en un artículo de El País del 14 de mayo.

Habrá también quien intente justificar la compra de estos blindados en la defensa del país frente a una eventual invasión. Este escenario es, sin duda, mucho más remoto que una pandemia o un desastre natural (siendo ambas emergencias a las que el cambio climático contribuye, por cierto), o que amenazas a la seguridad más al orden del día, como el terrorismo, los ciberataques o el crimen organizado. Ninguno de estos escenarios requiere de la utilización de los blindados VCR. Y aún en caso de que España continúe tomando parte en guerras en el exterior, la mayor parte de esos 348 blindados pasarán su vida útil aparcados en hangares, participando esporádicamente en alguna maniobra o desfile, como ocurre con la mayoría de armamentos del ejército español.

Es triste reconocerlo, pero quizás el escenario más factible en el que se les podría dar uso a estos blindados es el de la represión interna, una idea que en cualquier democracia mínimamente digna debería considerarse simplemente repugnante.

No necesitamos, por tanto, los vehículos de combate 8×8 Dragón. Del mismo modo, tampoco nos son útiles en estos momentos los cazas Eurofighter, que además están obsoletos antes de haber terminado su programa, valorado en casi 13.000 millones y para el que el anterior Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un nuevo techo de gasto de 906 millones; ni el submarino S-80, que no flota, y al que Sánchez dio un nuevo techo de gasto de 1.772 millones; tampoco las fragatas F-110 (cinco unidades por 4.326 millones pedidas igualmente en 2018) o los 23 helicópteros Chinook (1.431 millones más aprobados por el ejecutivo socialista para completar un pedido anterior).

Estas decisiones, tomadas nada más llegar al gobierno tras la moción de censura, fueron difíciles de entender en su momento, pero aún lo son más ahora, cuando parece evidente que lo que necesitamos son más sanitarias, mejor protegidas y remuneradas, y más y mejores hospitales, centros de atención primaria y centros de investigación en salud, dotados todos ellos del personal, los recursos y el equipamiento necesarios para hacer frente a emergencias sanitarias como la del covid-19. La capacidad de sacrificio del personal sanitario y de otros servicios básicos ha evitado que esta tragedia haya sido aún mayor, pero no podemos pedirles que sigan haciendo ese esfuerzo titánico por mucho más tiempo, ni tampoco que lo vuelvan a hacer en estas condiciones en el futuro.

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, parecía ser consciente de este sinsentido al afirmar unos días después de la puesta en marcha definitiva del programa de los blindados Dragón que “no toca gastar en tanques o aviones de combate”. No obstante, el dirigente de Podemos justificaba esta compra en que un gobierno debe cumplir “con lo que firmó el anterior”.

Esto viene a decirnos que los compromisos del gobierno del que es parte con el complejo militar-industrial son inquebrantables, aun cuando esa “mínima seguridad jurídica” que Iglesias reivindica va directamente en detrimento de la verdadera seguridad de las personas, así como de los derechos sociales y la agenda 2030 que él lleva inscritos en su cartera de ministro.

La ministra de Defensa Margarita Robles respondió a las dudas de Iglesias afirmando que “hay un cierto desconocimiento” y que “muchos hablamos de cosas que no sabemos”. Hace mal en recordárnoslo, porque es sin duda el desconocimiento generalizado lo único que permite seguir adelante con este despropósito.

Si, atendiendo a todo esto, el Gobierno de España decidiera que los 2.100 millones de este Programa Especial de Armamento (PEA) cumplen un mejor papel en la sanidad pública, podría dotar de presupuesto a más de 400 hospitales como el Clínico de Barcelona durante diez años. Si igualmente decidiera que con dinero público es mejor tener a Escribano haciendo respiradores y no torretas de ametralladoras para estos blindados, con esos 2.100 millones podría fabricar más de 290.000 respiradores.

Si, tal y como anticipaba la semana pasada Pedro Sánchez en el Congreso, su gobierno preparara una nueva doctrina de Seguridad Nacional y ésta pusiera en el centro las necesidades e intereses de las personas y no los del complejo militar-industrial, sin duda procedería a cancelar los PEAs que faltan por ejecutar, especialmente los siete aprobados en su Consejo de Ministros, tomando consciencia de que los más de 13.000 millones en que están valorados y que estaremos pagando hasta 2032 suponen el presupuesto de tres años del Ministerio de Sanidad.

Si, ya como sociedad, decidiéramos que la forma de hacer frente a las emergencias globales a las que nos enfrentamos (pandemias, cambio climático, desigualdad, migraciones) es con esfuerzos basados en cuidar y proteger la vida y no en quitarla, encontraríamos que los más de 20.050 millones del gasto militar español y los 1,92 billones a nivel mundial son un buen lugar para empezar una transición y una reconstrucción hacia sociedades y economías más justas y verdes.

Habrá quien considere estos argumentos demagógicos, o quizás idealistas, pero en vista del calado de la crisis económica y social que se nos echa encima y de lo limitado de los recursos de las administraciones públicas, lo que me parece difícil de sostener y poco realista es este modelo de defensa que no proporciona la seguridad que necesitamos y que hace el caldo gordo a quienes no entienden un mundo sin guerra. Considero por tanto oportuno y necesario hacer este tipo de comparativas. Al fin y al cabo, son un cálculo sencillo del coste de oportunidad que nos supone, en general, seguir preparándonos para la guerra mientras nuestra casa está en llamas. Y de lo que significa, en particular, gastar 2.100 millones en blindados cuando lo que amenaza nuestras vidas en este momento solo puede combatirse blindando la sanidad.

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