Los desastrosos efectos en la economía y la seguridad del gasto militar

El gasto militar es aquel capítulo de los presupuestos de un estado que incorpora todas las partidas destinadas a las actividades de defensa y seguridad bajo una vertiente militar. Habitualmente se
hace referencia a los gastos propios del Ministerio de Defensa y algunos departamentos fácilmente asimilables a Defensa, como los institutos de seguridad social o similares, destinados en su integridad al ejército de un país. Este es de hecho el presupuesto que los gobiernos suelen presentar como gasto militar ante sus ciudadanos y que llevan a escrutinio parlamentario. Sin embargo, el gasto militar duplica e incluso triplica esta cantidad. Entre las definiciones más utilizadas se encuentran la de la OTAN y la del SIPRI. Ambas proponen que para calcular el gasto militar real hay que añadir a las partidas mencionadas todas aquellas que provengan de otros ministerios que estén dirigidas al mantenimiento y desarrollo de las estructuras y equipamientos militares de un país en un momento dado. Hay que acudir por ejemplo al Ministerio de Industria a averiguar el gasto en I+D militar y otras subvenciones o créditos que reciben las empresas de armas, el ministerio de seguridad social para añadir las pensiones y otros pagos a militares, al de exteriores para sumar las contribuciones a organismos militares y misiones en el exterior y a interior para sumar el coste de mantener todas las unidades y cuerpos militares de un país. E incluso habría que sumar la parte de la deuda anual que pueda ser considerada militar que proviene de los intereses de la deuda del año en cuestión. La OTAN incorpora teóricamente buena parte de estas partidas, aunque recoge y muestra tan solo los datos que le facilitan los gobiernos de sus estados miembro, con lo que su información sobre gasto militar es incorrecta. El instituto de paz de Estocolmo SIPRI incorpora la mayor parte de estas partidas y es la única fuente que ofrece datos comparables entre estados de todo el mundo. En el caso español, el Centro Delàs de Estudios por la Paz, hace el cálculo más completo del gasto militar real de España, mostrando que en 2022 el presupuesto del que informa el gobierno es de 11.709, el 0,98% del PIB, cuando en realidad es de 22.949 millones, y el 1,8% del PIB, muy cerca del 2% que el gobierno pretende alcanzar en menos de una década, aludiendo a un compromiso no vinculante en la reunión de la OTAN de 2014. De tal modo que el gobierno español tiene la intención de inyectar unos 12 mil millones de euros a gastos militares. La trampa está servida, la cifra que se use de referencia inicial marcará el camino a recorrer y el incremento del gasto militar en el país, que con toda probabilidad tendrá efectos negativos en la economía y la seguridad de nuestro país. Veamos cuáles son.

Para desarrollar el principal argumento crítico con los aumentos del presupuesto militar utilizaremos el concepto de coste de oportunidad introducido por Paul Samuelson en virtud del cual afirma que existe una necesidad ineludible de elección en la decisión de a qué destinar el gasto público, por definición limitado y

escaso, con la disyuntiva cañones o mantequilla. Con ella mostraba que la decisión de dedicar la inversión pública a una u otra cuestión no es baladí y tiene unos efectos no solo a corto plazo sino también a medio y largo plazo, tanto en la economía del país como en sus efectos sociales. Así, dedicar 12 mil millones a cañones (armas y equipamientos militares) hará obviamente imposible que sean dedicados a mantequilla (sanidad, educación, transición ecológica o servicios sociales). Habrá quien dirá que este aumento, de 12 mil millones, no afectará al resto de partidas, que será generado con incrementos en la recaudación impositiva o con la creación de deuda pública. De ser así debe ser explicado con claridad a toda la ciudadanía que van a pagar más impuestos ahora para comprar aviones o buques de guerra, o que lo van a hacer dentro de unos años con los intereses de la deuda generada para tal gasto extraordinario. La primera conclusión es que aumentar el gasto militar detrae recursos para otras políticas e incrementa el endeudamiento de la economía.

De la anterior argumentación se deduce que es cuestión de prioridades. La línea política de un gobierno determinado, las necesidades del país y las demandas sociales determinarán a qué se destinan los recursos que, como bien sabemos los economistas, son escasos. Es repetido hasta la saciedad por ministros de defensa de diferente color que sin seguridad no hay nada más. Es cierto, sin seguridad no hay economía, sanidad o educación que valga, cuando hay una guerra en territorio nacional, todo pasa a un segundo plano. Pero ¿de qué seguridad estamos hablando? Como en toda ciencia, existen visiones diferentes o contrapuestas en las definiciones básicas, en seguridad también ocurre. Así, encontramos la visión belicista y militar de la seguridad, que se centra en el mantenimiento de los pilares básicos de un estado, integridad territorial y defensa de agresiones externas. Todo ello bajo una cultura hegemónica belicista, en virtud de la cual el uso de la fuerza armada es el mejor método para

conseguir los objetivos en materia de seguridad. De ahí que aparezcan en los documentos de seguridad y defensa que justifican las necesidades de un país y que marcan los presupuestos públicos para seguridad y defensa, las amenazas a la seguridad de un país. El problema no es tanto el análisis de riesgos y amenazas de estos documentos, ya que dibujan un panorama que en un alto porcentaje es compartido por cualquiera, sino la asunción de que quien debe gestionarlo es el departamento de defensa, copado obviamente por militares y que proponen como solución incrementar el número de sus efectivos y renovar sus armas y equipamientos militares.

Una de las consecuencias más evidentes de la fallida gestión militarizada de un aspecto securitario la encontramos en que realidades de carácter exclusivamente humanitario y social, como la inmigración irregular, es considerado una amenaza a la seguridad que aparece en la doctrina de seguridad y defensa nacional. Las víctimas de esta gestión militarizada de la seguridad se cuentan por miles en el fondo del Mar Mediterráneo. El suspenso de la seguridad militarizada en el Mediterráneo es apabullante. Este fenómeno es lo que la Escuela de Copenhague, que desarrolla uno de los principales conceptos críticos de seguridad, denomina securitización, dejar en manos de los agentes que tradicionalmente se han hecho cargo de la seguridad y la defensa, los militares, aspectos que no les son propios. Ni las armas, ni las misiones militares en las fronteras, ni los muros de vigilancia y control fronterizo pararán los flujos migratorios de millones de personas que huyen, precisamente, de la inseguridad, de la guerra, la pobreza, la represión y el crimen de países, habitualmente fuertemente militarizados.

Naciones Unidas desarrolló en 1994 un concepto ampliado de seguridad, destinado a ayudar a superar la miopía securitaria de la mayoría de los gobiernos. Con el que propone que se incluya en la seguridad aspectos no únicamente relacionados con la prevención y gestión de agresiones violentas y armadas, que

cubre con la seguridad personal por la que se evita la violencia física, sino que se incluyan en la ecuación de la seguridad aspectos de seguridad comunitaria, sanitaria, alimentaria, económica, medioambiental y política. Con esta propuesta se sugiere que la seguridad de un país no debe estar en manos de sus ministerios de defensa, sino que debe ser algo compartido por todas las áreas del gobierno. Los estudios críticos en seguridad no acaban aquí, cabría tener en cuenta los que incorporan la crítica neocolonial, los feministas o los de la investigación por la paz. Todos ellos proponen cambiar el sujeto y el objeto de la seguridad para conseguir mayores cotas de paz y seguridad.

En definitiva, la decisión de aumentar los presupuestos militares es una decisión política, de modelo de sociedad. Las inversiones públicas de hoy construyen la sociedad de mañana. Aunque suene a perogrullo, hay que repetirlo, invertir en seguridad militar, militariza la seguridad y legitima y promueve las respuestas belicistas a los desafíos de un país, entrando en una espiral en la que hasta un problema de salud es gestionado manu militari.

Por otra parte, cabe añadir que este planteamiento no es ni nuevo ni desconocido. Sin embargo, en España es habitual que al poco de llegar al poder los y las ministras de Defensa justifiquen las inversiones militares no por necesidades relacionadas con la seguridad del país, sino para generar empleo. Los 12 mil millones € que el gobierno quiere inyectar en Defensa los próximos años resulta que son para luchar contra el paro, cuando no hay ninguna prueba, ni la habrá, de que las inversiones en la producción de armamento generen más y mejor empleo que en otros sectores. Sirva de ejemplo el caso de los 4.250 millones € que se van a gastar del erario para construir cinco nuevas fragatas para la Armada Española en Ferrol hasta 2031. Este enorme gasto militar es justificado no porque estas fragatas sean esenciales para la seguridad de España, porque no lo son. No aparece en ninguna doctrina de seguridad y defensa que sin estas fragatas seremos invadidos por la costa por Portugal, Francia, Italia o Marruecos. Las fragatas, según afirma la ministra de Defensa, se construyen para dar empleo a unos 8.000 trabajadores durante 9 años. Si el único objetivo es ayudar unos trabajadores determinados en un sector en crisis permanente cuya supervivencia depende de la inyección de dinero por parte de los presupuestos del Estado, bien podría dedicarse este dinero a un subsidio de 2.000€ mensuales de media acompañado de formación que lleve a la reconversión del sector y la recolocación de estos trabajadores en sectores económicos solventes durante, pongamos por ejemplo 4 años y nos sobrarían 3.482 millones.

Es quizá por esto que la falta de transparencia en los gastos militares es tan evidente. El secretismo, la ocultación y el escaso control democrático hacen de los gastos militares uno de los ejemplos más claros de la ineficiente gestión del dinero público en nuestro país y, lo que es incluso más grave, de una ineficaz política de seguridad, corresponsable de miles de muertes evitables cada año y que dibuja un futuro de miedo y mayor inseguridad a las generaciones futuras.