No, España no ha revocado ningún contrato armamentístico con Israel

Desde el 7 de octubre de 2023 España no ha adoptado ninguna medida formal administrativa que obligue, restrinja, prohíba o condicione las relaciones armamentísticas con Israel

En un artículo la semana pasada en elDiario.es identificamos diez ámbitos de relaciones armamentísticas entre España e Israel, uno de ellos es la adjudicación en España de contratos públicos para la adquisición de productos de defensa israelíes. Con una sola medida, ninguno de esos ámbitos sería posible: un embargo integral.

Solo hace una falta una medida, esa, y no otra, una fórmula sobre la que aparentemente existe un apoyo mayoritario en el Congreso. Pero los ministros de Defensa y Exteriores ya la han objetado. José Manuel Albares defiende un embargo de las exportaciones, sin que afecte a las adquisiciones de material de defensa israelí. Defensa “pide realismo y no engañar a los ciudadanos con falsas expectativas”. Ambos argumentan que ya existe un “embargo de facto”. Pero no se trata de una medida formal, sino política, una donde la propia subjetividad del Ejecutivo determina cada criterio y lo modula en función del interés del momento: “Una cosa son licencias de determinada tecnología y otra cosa es armamento, y España no compra armas a Israel”, dijo la ministra Margarita Robles.

Eso no es un embargo de armas, ni de iure ni de facto, ni una medida acorde con lo que requiere la coyuntura actual en el territorio palestino.

Desde el 7 de octubre de 2023 el Gobierno ha tomado decisiones que le singularizan, en positivo, entre el conjunto de sus aliados de la Unión Europea y la OTAN. Sin embargo, los datos públicos disponibles sugieren que, desde aquella fecha, las relaciones armamentísticas entre España e Israel han sido más prolíficas que nunca, en particular en lo relacionado con la cooperación industrial y la adjudicación de contratos. Ese volumen no responde a una intención deliberada de aumentar esas relaciones gracias a lo que acontece en Gaza, sino a una herencia del pasado asumida acrítica e interesadamente; la continuación de esas relaciones va en aumento a pesar de las atrocidades cometidas en la Franja.

Aquí reside la primera reflexión que cabe hacerse: cómo ha sido posible generar semejante dependencia con quien nunca ha sido de fiar en cuanto a lo que hace con el mismo material de defensa que adquirimos. Sin rendición de cuentas, difícilmente se podrá aprender cómo mejorar.

Los misiles Spike

El misil Spike forma parte de los arsenales españoles desde hace cerca de dos décadas. Su propietaria es la empresa pública israelí Rafael Advance Defense Systems y lo ha publicitado desde el primer momento como “probado en combate”. Los medios de comunicación españoles suelen definir ese misil como “antitanque”. Sin embargo, Rafael lo califica de “multipropósito”. El Spike se utiliza en Gaza, con mucha asiduidad, pero las organizaciones armadas palestinas no tienen tanques. Ese misil ha sido usado para matar a civiles.

Recordarán que las Fuerzas de Defensa de Israel asesinaron a siete trabajadores de la ONG fundada por el cocinero español José Andrés, World Central Kitchen, en abril de 2024: un palestino, tres británicos, un australiano, un polaco y un canadiense-estadounidense. Los mataron con un dron de Elbit Systems, el Hermes 450, que disparó tres misiles que, con “mucha probabilidad”, eran los Spike de Rafael. Esa utilización contra civiles viene de lejos. Según Human Rights Watch, ese misil también fue disparado por los drones israelíes en 2009 durante los ataques a Gaza en la operación Plomo Fundido, matando al menos a 48 civiles.

El martes empezamos el día con la noticia de que algo había sido revocado en relación con las adquisiciones del misil Spike. Pero no quedó claro qué se había revocado exactamente. La primera sensación fue que había sido una licencia de importación: el 23 de mayo, el Gobierno había denegado la entrada en España por el puerto de Cartagena al buque “Danica Violet”, que transportaba “componentes” para fabricar los misiles Spike LR2. Es como si uno hace un pedido online –y lo paga– y echa al repartidor cuando llama al timbre. Ese proveedor merecía un rechazo, pero ese caso es paradójico y merece una explicación que todavía no ha sido proporcionada.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aclaró que “se ha iniciado el proceso de revocación de la licencia tecnológica, y en este momento se está buscando cómo reorientar el programa e, incluso, se están estudiando los efectos de esa medida de cancelación”. Remarquemos: “iniciado el proceso de revocación de la licencia tecnológica”. Esa declaración rememora la que hizo el Ministerio del Interior el 29 de octubre de 2024 en relación con el famoso contrato para adquirir munición de 9 mm para la Guardia Civil. El titular de la noticia de Interior fue: “Interior inicia el proceso para rescindir el contrato de compra de munición a una empresa israelí”. Remarquemos: “Inicia el proceso para rescindir”.

¿Cómo interpretaron entonces muchos medios de comunicación esa noticia? Muchos dieron por hecho que la anulación ya se había producido: “Interior cancela la compra”, “Interior cancela el contrato”, “Interior anula la compra” o “Interior cancela la compra de munición”. Más tarde, se formalizó un contrato que nunca se había cancelado y esa situación continúa hoy, a pesar de los anuncios sobre su rescisión. No es tan fácil y no es tan rápido.

El martes, muchos medios volvieron a dar por hecho el fin del contrato para el suministro del Spike: “se cancela la compra”, “prescinde ya de misiles Spyke” (sic) o “Defensa revoca un contrato con una empresa israelí”. Esos medios afirmaron haber consultado a fuentes de Defensa. Para algunos, Pap Tecnos, la adjudicataria del contrato para el suministro de los misiles Spike, era una empresa “española”; para otros, “israelí” (se trata de una filial de Rafael establecida en España). Mientras que en España muchos medios han recogido la noticia de manera desigual ante la confusión, los medios de comunicación internacionales han dado por cancelado el contrato, en muchos casos citando a los medios españoles. También lo han hecho en Israel, al menos en una docena de medios de ese país.

La realidad es que ese contrato no está revocado. Al menos, eso es lo que han asegurado fuentes de Defensa a los medios que han preguntado. En la página web del Ministerio no aparece noticia alguna sobre este asunto y no existe ningún documento formal. Asimismo, Pap Tecnos comunicó a la agencia Associated Press que “no ha sido informada de ninguna cancelación” y lo mismo dijo en Israel la empresa Rafael. Tampoco Elbit Systems –propietaria del modelo en el que se basa el SILAM, un segundo contrato del que se ha informado sobre una eventual revocación– ha publicado nada en su web.

Según el portal defensa.com, ni siquiera se estaría iniciando proceso alguno para esa revocación: la licencia se renueva cada año, el martes expiraba la que se encontraba en curso y no habría sido renovada. Esa licencia, según el portal, era necesaria para la “importación de ciertos componentes que integran el misil que se fabrica en España, según el plan industrial liderado por Pap Tecnos, en el que participan empresas españolas como Tecnobit – Grupo Oesia, EM&E Group o FMG, empresas con las que se han cumplido los compromisos de transferencia tecnológica por parte del tecnólogo [Rafael]”. También identifica un “contrasentido” en suspender las licencias y mantener el programa. En una situación similar parece encontrarse el programa del lanzacohetes SILAM, del que se afirma que no usará tecnología israelí, sino íntegramente española, tanto en los lanzadores como en la munición.

Una eventual cancelación de los contratos adjudicados conllevaría algunas derivadas: la modificación drástica del programa, alterando costes, plazos y logística; la búsqueda de alternativas sin tecnología israelí; la sustitución de un estándar del Ejército desde hace muchos años, que también forma parte del equipamiento de vehículos como el Dragón 8×8 o el helicóptero de ataque Tigre –la logística está adaptada, los operadores han sido instruidos y los técnicos han recibido la formación que necesitan–. Un cambio de modelo tendrá implicaciones económicas. Gratis no es, pero no se debe poner precio a la colaboración con quien está acusado de cometer los crímenes más horrendos que hemos sido capaces de tipificar.

Sin licencia, ¿no hay programa?

Sin licencias, no hay programa. ¿O sí lo hay? Habrá que leer la letra pequeña cuando esté disponible. Existe una manera de conciliar todos esos asuntos, una especie del gatopardismo imaginado por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, aquel que consistía en un “cambiar todo para que nada cambie”. Seguir con los mismos productos, pero reetiquetarlos; utilizar la misma tecnología o similar, pero deslocalizarla de Israel; o simplemente prescindir de más transferencias desde Israel si lo realmente imprescindible ya ha sido transferido o se ha encontrado una alternativa para obtenerlo.

En el caso del SILAM, por ejemplo, el Ministerio de Defensa “ha comprado la Propiedad Intelectual del diseño”. ¿Ya no tiene entonces nada que ver con el sistema PULS que Israel está utilizando actualmente en Gaza? Otra opción es adquirir esas mismas licencias basadas en tecnología israelí de un fabricante europeo. En cualquier caso, cualquier tecnología o empresa involucrada, por muy filial que sea o muy relacionada que esté con la industria o el producto israelí será denominada “española”.

Compárese el esquema de la construcción del Spike de 2023 de Pap Tecnos (la primera imagen) con el que ofrece hoy la compañía en su página web (la segunda), donde destaca el “elevado grado de nacionalización”.

En el esquema actual desaparece la referencia a Rafael en relación con la fibra óptica, sin especificar cuál será la alternativa. Sin embargo, continúa la presencia de Pap Tecnos, como no podría ser de otra manera: el producto es el mismo y es suyo, de Rafael. De Israel.

La garantía que se pide al Gobierno es que la industria israelí, su Ejército o su Estado no se beneficiará de ninguna manera –ni en términos económicos, ni políticos, ni empresariales ni reputacionales– de las decisiones relacionadas con el material de defensa adquirido.

Sea cual sea la explicación –que se espera– de todo este embrollo, los contratos no están cancelados ni revocados, ni lo estarán en mucho tiempo, en el caso de que eso llegue a producirse. A no ser, claro, que se decrete un embargo. El 23 de octubre de 2024, la ministra de Defensa respondió a la solicitud por escrito del ministro de Derechos Sociales de cancelar los contratos vigentes con empresas armamentistas israelíes afirmado que se había dejado en suspenso todos los contratos de adquisición de armamento israelí, salvo los relacionados con el arreglo de piezas.

Sin embargo, no tenemos noticias de que eso esté sucediendo con la mayoría de los contratos identificados y todo parece apuntar a que siguen su curso, como el de la adquisición de designadores POD para sistemas de combate aéreo del que informaba este lunes este diario, un contrato formalizado en abril de 2024 con Rafael y que tiene su ejecución prevista hasta finales de 2027. De aquel anuncio de la ministra hace más de ocho meses, pero se dice que empieza ahora la búsqueda de cómo reorientar los programas y el estudio de los efectos de una eventual cancelación.

De la búsqueda a la cancelación hay un trecho, que esperemos que se recorra. Con todo, este ritmo pausado con vistas al largo plazo contrasta fuertemente con la urgencia que requiere cualquier medida tomada en relación con la situación en la Franja de Gaza. El Gobierno español podría adoptar de inmediato un embargo integral a través de un Decreto Ley y facilitar, además, la revocación de contratos, porque formaliza las razones para hacerlo.

Un contrato se anula por la vía administrativa y, a día de hoy, desde el 7 de octubre de 2023, España no ha adoptado ninguna medida formal administrativa que obligue, restrinja, prohíba o condicione las relaciones armamentísticas con Israel. Ninguna.

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