La deshumanización progresiva de nuestras sociedades

Una de las consecuencias del progresivo proceso de militarización de las fronteras es el de criminalizar la solidaridad entre personas y comunidades.

En los últimos días nos han llegado nuevas noticias del proceso de persecución y criminalización de la solidaridad contra diferentes activistas y organizaciones en todo el mundo. Este es el caso de la activista en favor de los Derechos Humanos de las personas que migran, Helena Maleno, de la que hemos sabido que ha sido deportada por el gobierno de Marruecos, precisamente, por sus acciones de denuncia.

Una de las consecuencias del progresivo proceso de militarización de las fronteras es el de criminalizar la solidaridad entre personas y comunidades, que se está reforzado desde las instituciones y que, de consolidarse a nivel social, puede sentar peligrosos precedentes en términos de capacidad de movilización de la sociedad civil.

Bajo la Facilitation Directive, cualquier acto de ayuda a las personas migrantes puede ser considerado un acto punible

La expresión “criminalizar la solidaridad”, se ha extendido a partir de los años 2017 y 2018, sobre todo por parte de organizaciones sin ánimo de lucro y de periodistas críticos con la situación en las fronteras. Es el caso europeo, este marco para la criminalización y persecución de la solidaridad se establece e impulsa en 2002, con la aprobación de la Facilitation Directive (Directiva 2002/90/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2002 destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares). Este marco normativo establece que son punibles conductas como dar dinero desinteresadamente a la persona que migra para costear su entrada, o ayudarle de otras formas a cruzar la frontera. Es importante señalar que, aunque estas acciones no tengan ánimo de lucro por parte de las personas que las realizan, bajo la Facilitation Directive, cualquier acto de ayuda a las personas migrantes puede ser considerado un acto punible. Esto es debido, a que la normativa de la Unión Europea deja en manos de los Estados la aplicación, más o menos restrictiva, de medidas punibles para las personas que ejercen, aportan o colaboran ayudando a personas migrantes.

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