La frontera como espacio de emergencia permanente

Cuando el estado de emergencia se convierte en la norma, se produce una erosión de los procesos democráticos y se facilita la toma de decisiones mediante canales excepcionales.

Hace apenas un mes nos llegó, sin demasiado revuelo por parte de la comunidad europea, la declaración del estado de emergencia nacional por parte del gobierno italiano de Giorgia Meloni, debido a lo que el gobierno consideró una llegada masiva de personas desplazadas por la fuerza a territorio italiano. Los estados de emergencia permiten precisamente aprobar políticas desde lo excepcional, es decir, sin debate ni social ni político y sin importar demasiado el impacto, alcance y erosión de los derechos las medidas aprobadas puedan producir. En el caso de Italia, permite la devolución de personas desplazadas por la fuerza en tiempo exprés (72h), entre otras.

Lo cierto es que las políticas migratorias de todo el mundo cada vez se escudan más en prácticas que, haya o no un estado de emergencia declarado, son propias de actuaciones rápidas, sin debate ni transparencia y, cabe señalar, con el silencio cómplice de la gran mayoría de partidos políticos. Por ejemplo, en Estados Unidos es común que la gestión fronteriza se mueva en el pantanoso terreno de lo urgente y lo excepcional, teniendo en cuenta que el Departamento de Defensa aporta estrategias, componentes y efectivos de manera cada vez más común para actuar en las fronteras.

Es de vital importancia comprender la gravedad del uso que se está dando a los estados de emergencia con las personas desplazadas por la fuerza

En esta línea, el 2 de mayo, el Pentágono anunció el envío de 1.500 soldados a la frontera sur, una acción sin precedentes para apoyar los agentes del departamento de Homeland Security, bajo la autorización del estado de emergencia declarado en abril de 2023 por Biden, para detener el narcotráfico en la zona fronteriza. Resulta importante señalar que este estado de emergencia permite desplegar las mismas medidas que ya declaró en su momento Trump, que justificó en base al exceso de intentos de cruce en la frontera, y que el mismo Biden derogó nada más entrar en el poder.

Giorgio Agamben, ha sido uno de los grandes pensadores sobre los estados de emergencia, estados en los que, apunta, lo que rige es lo excepcional. Cuando el estado de emergencia se convierte en la norma, se produce una erosión de los procesos democráticos y se facilita la toma de decisiones mediante canales excepcionales a los habituales. Sin embargo, conviene señalar, que para Agamben el estado de excepción se presenta con una perspectiva que, a pesar de no regirse por los procesos de decisión democráticos, tampoco establece una línea de conexión entre democracia y absolutismo, ya que es la misma democracia la que emplea el estado de excepción. Y es aquí donde reside la perversión. El propio sistema se protege a sí mismo bajo la pretensión de estar aplicando el derecho para proteger ese mismo derecho.

En otras palabras, se utiliza la propia normativa estatal para reivindicar la excepcionalidad a fin de proteger el sistema existente. Los objetivos, en el caso que nos ocupa, están bien claros, que los Estados más enriquecidos y que ejercen la hegemonía mundial, no apliquen ni se cuestionen ningún cambio en su política exterior, que podría permitir analizar de forma rigurosa su papel mundial en la generación de un mundo tan inseguro que hace que la media de personadas desplazadas por la fuerza mundial aumente de media dos millones cada año.

El papel de la sociedad civil formada y crítica es esencial, considerando la manipulación cada vez más común de los estados de emergencia con el fin de frenar la contestación social. Es de vital importancia comprender la gravedad del uso que se está dando a los estados de emergencia con las personas desplazadas por la fuerza. Y, sobre todo, la normalidad y regularidad con la que se está aplicando la excepción como herramienta política. La normalidad de los estados de emergencia debe hacernos saltar todas las alarmas, como sistemas de erosión de derechos.

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