Pasar de las palabras a los actos: Por qué debe admitirse a trámite este martes la proposición de ley de embargo de armas a Israel
El Gobierno tiene una oportunidad este martes para convertir sus palabras en actos, para poner de manifiesto en qué medida su compromiso de no comprar ni vender armamento a Israel es real
Las palabras. El miércoles 14 de mayo, en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno afirmó que “nosotros no comerciamos con un Estado genocida”, aludiendo, además, a su intervención una semana antes. Entonces, el presidente había reiterado su compromiso de “no vender ni comprar armamento ni munición procedente de Israel desde el 7 de octubre de 2023”, compromiso que consideraba que había cumplido. También señaló que el listado de contratos adjudicados a empresas israelíes de defensa, elaborado por una ONG, contenía innumerables imprecisiones e “interpretaciones absolutamente erróneas”. Además, justificaba las adjudicaciones de los contratos cuando: a) no implique “armamento de munición”, b) se trate de “componentes absolutamente imprescindibles para el funcionamiento y la seguridad de los equipamientos ya existentes en las manos de las fuerzas armadas”, y c) se refieran a “contratos adjudicados a empresas con sede y producción en España, que no son fabricados en Israel”. En mi opinión, cuando un compromiso tiene tantas excepciones y tanta letra pequeña debería cuestionarse si es adecuado utilizar la palabra “compromiso”.
Los hechos. El Centro Delàs de Estudios por la Paz ha elaborado un listado con los contratos adjudicados a empresas israelíes de defensa, a sus filiales en España o a empresas españolas que fabrican armamento de patente israelí a través de un acuerdo de transferencia de tecnología, contratos en los que también participan empresas armamentistas israelíes o sus filiales. El listado, que incluye cuarenta y seis adjudicaciones de contratos por valor de 1.044 millones de euros, forma parte del informe «Beneficio colateral. Relaciones armamentísticas entre España e Israel desde el 7 de octubre de 2023». Dicho listado se basa en la información pública contenida en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La interpretación que se hace en el informe de dichos datos es que las importaciones y adquisiciones de armamento israelí contribuyen a la ocupación militar de Palestina y a las operaciones militares israelíes, unas operaciones que tienen un elevado coste económico. A través de las exportaciones de armamento, el Estado israelí consigue que le salga más barato el armamento que están utilizando sus Fuerzas de Defensa desde el 7 de octubre de 2023. Israel exporta más del setenta por ciento de su producción de material de defensa. Una industria que publicita su tecnología militar como “probada en combate”, lo que significa que su eficacia ha sido acreditada sobre el terreno, sobre la población palestina. En otras palabras, comprar armamento israelí implica contribuir a la financiación, aunque sea indirectamente, de la ocupación ilegal de Palestina, del régimen de apartheid que se ha impuesto a su población, y de la presunta comisión de un crimen de genocidio, de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra por Israel en Gaza. Financiar en el sentido que recoge la segunda acepción del diccionario de la Real Academia Española: “sufragar los gastos de una actividad”.
El presidente del Gobierno no mencionó los tránsitos de material de defensa por el territorio nacional, sus puertos y aeropuertos con destino final a Israel. Sobre esta cuestión, con carácter general, no hay datos oficiales. Aunque según la información de la web del Puerto de Valencia, en abril de 2024 se produjo un tránsito de 16 toneladas de bombas con destino a Israel. También hay un informe del Palestinian Youth Movement que ha identificado 2.110 envíos de material de defensa con destino a Israel que hicieron escala en el puerto de Algeciras, de los cuales 944 se realizaron después de que el Gobierno español afirmara que no autorizaría ningún tránsito de armamento con destino a Israel. Dicho informe se elaboró a partir de la información contenida en webs especializadas en tráfico marítimo e imágenes de satélite. Por todo ello, en el informe “Beneficio colateral” se plantea que el Ministerio de Asuntos Exteriores no está controlando los tránsitos, sino que prefiere mirar para otro lado.
La cuestión política de fondo que plantean las adquisiciones de armamento de patente israelí es si España debe comprar material de defensa a países que violan sistemática y gravemente los derechos humanos. Esta es una pregunta cada vez más relevante si tenemos en cuenta el contexto de rearme europeo.
Parece que esta cuestión política no se la están haciendo nuestras autoridades. Así puede desprenderse de las afirmaciones del presidente de Gobierno en el Congreso de los Diputados a las que he hecho mención. Tampoco parece que en el Ministerio de Defensa se estén planteando esa pregunta. La planificación de las necesidades de armamento del Estado español se elabora en dicho departamento. En la práctica, el Ministerio de Defensa ha adjudicado varios contratos directamente a la industria de defensa israelí porque considera que sus productos carecen de competencia desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, el POD designador para sistema de combate aéreo, por valor de 207 millones de euros adjudicado a la empresa israelí Rafael Advanced Defence Systems LTD; o el suministro de 168 sistemas de misiles contra carro SPIKE LR2, por valor de 237 millones de euros, adjudicado a la filial israelí PAP Tecnos Innovación SAU. Estos contratos se refieren a nuevos sistemas de armamento adquiridos por el ejército español.
El Gobierno tiene una oportunidad este martes para convertir sus palabras en actos, para poner de manifiesto en qué medida su compromiso de no comprar ni vender armamento a Israel es real. El 20 de mayo se vota en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la “Proposición de Ley por la que se reforma la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, introduciendo la figura del embargo y su régimen jurídico”.
La Ley 53/2007 no regula la imposición de embargos de armamento acordados unilateralmente por el Estado español. Este vacío pretende cubrirse con la proposición de ley, que recoge una regulación general del embargo que se incluiría en la Ley 53/2007. Según la proposición, debe imponerse un embargo de armas “a aquellos Estados que hayan sido demandados ante un Tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido ratificada por España, siempre y cuando la demanda no haya sido inadmitida a trámite, por la comisión de un crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales ratificados por nuestro país”. Esta regulación, que toma como referencia el contenido del artículo 6.3 del Tratado sobre el Comercio de Armas, pretende establecer un estándar ético mínimo en la política armamentista española, ya que prohibiría tanto exportar como importar material de defensa de dichos países.
Cuando hablamos de embargos de armas es importante clarificar a qué nos referimos, porque la palabra “embargo” se está empleando con diferentes significados. El Gobierno parece mantener una idea muy limitada de lo que es un embargo de armas, que se limitaría a prohibir las exportaciones de armamento. Según el Gobierno, ha adoptado medidas que implican de hecho la imposición de un embargo. Esas medidas se limitarían a no otorgar nuevas autorizaciones de exportación de armamento. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido la vigencia de las autorizaciones de exportación de material de defensa concedidas antes del 7 de octubre de 2023. Y, de hecho, sí que se han producido exportaciones de armamento a Israel después de esa fecha, como se detalla en el informe “Beneficio colateral”. El supuesto más escandaloso fue la exportación a Israel, en noviembre de 2023, de munición por valor de 987.000 euros por la empresa Nammo Palencia. Las exportaciones de armas a Israel han seguido en enero y febrero de 2025 según la base de datos DataComex, gestionada por el Ministerio de Economía.
La proposición de ley cuya admisión a trámite se vota este martes parte, sin embargo, de una concepción más amplia de lo que significa un embargo de armamento. En cuanto a los productos, el embargo integral afectaría al material de defensa, a los productos y tecnología de misiles, a las armas de fuego, al material policial y antidisturbios, a los productos y tecnologías de doble uso, y al combustible para aeronaves militares JP-4, JP-5 y JP-8. El embargo tampoco se limitaría a las operaciones de exportación, sino que también incluiría las importaciones, el asesoramiento técnico y el corretaje, la financiación o asistencia financiera, el tránsito, así como a la colaboración militar y de seguridad. El embargo implicaría la revocación de las autorizaciones de exportación que estuvieran en vigor. También plantea el establecimiento de medidas de inspección y vigilancia sobre buques y aeronaves cuando existan motivos razonables para entender que pretende incumplirse el embargo. Por último, la proposición de ley plantea la imposición automática a Israel de un embargo integral de armas.
Si la votación en el Congreso obtiene una mayoría simple de votos, se iniciará la tramitación parlamentaria de la proposición de ley. La tramitación llevará meses ya que tiene que ser discutida tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, donde se podrán introducir enmiendas a su texto. Estas enmiendas podrán mejorar su contenido, aunque también se corre el riesgo de que se produzca una modificación a la baja de su regulación, de manera que se devalúe la eficacia de los embargos de armamento.
Si tuviera voluntad política para hacerlo, el Gobierno podría aprobar un decreto ley en el Consejo de Ministros del martes que impusiera un embargo integral de armamento a Israel. Un embargo que podría entrar en vigor al día siguiente una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado. Salvo en los períodos de vacaciones, todos los martes desde el 7 de octubre de 2023 el Gobierno ha tenido la posibilidad de hacerlo. Es mucho más fácil hacer bonitos discursos que ponerlos en práctica. Si aspiramos a ser ciudadanas críticas y a mejorar la calidad de nuestra democracia no podemos quedarnos en las palabras. Debemos exigir al Gobierno que realice actos que dificulten el genocidio que se está cometiendo en Gaza.
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