12 organizaciones presentan una denuncia al Gobierno español argumentando la ilegalidad en la venta de un buque de guerra a Marruecos

12 organizaciones presentan una denuncia al Gobierno español argumentando la  ilegalidad en la venta de un buque de guerra a Marruecos

Doce organizaciones jurídicas y de defensa de los derechos humanos, entre las que el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, han presentado hoy una denuncia ante la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en Madrid, en la que se pide al Gobierno español que paralice la venta que puede ser ilegal a Marruecos de un patrullero de altura que sería fabricado por Navantia y que fue anunciado el enero pasado por la ministra de Hacienda María Jesús Montero, por contravenir la legislación española para el comercio de material de defensa y el Derecho Internacional.

La anunciada venta se enmarca dentro de la reanudación del conflicto armado entre Marruecos y el Frente Polisario, y una escalada de la represión marroquí hacia la población civil saharaui en las zonas ocupadas del Sahara Occidental verificada por las organizaciones internacionales de derechos humanos, tal y como recoge la denuncia, y de la que se hizo eco los pasados ​​días el Gobierno alemán.

Esta situación obliga a la Administración española a denegar las autorizaciones de exportación de equipos militares a Marruecos según la ley de control del comercio de armas española -la Ley 53/2007 de 28 de diciembre de 2007, el Real Decreto 679/2014 (que incorpora también limitaciones previstas en las normas internacionales)- y la aplicación de la Posición común europea que regula las exportaciones de armamento -Posición común 2008/944 / PESC aprobada por el Consejo de la Unión Europea el 8 de diciembre de 2008- .

Esta denuncia llega después de la protesta realizada el 27 de febrero ante la sede de Navantia en Cádiz por la población saharaui en la diáspora y el movimiento de solidaridad con el Pueblo Saharaui, que insistió en que no se debe utilizar como hizo la ministra Montero la depauperada situación económica de la provincia de Cádiz, donde se construirá la fragata, como justificación para el impulso de la industria militar e, incluso, la venta ilegal de armamento a regímenes autoritarios o países implicados en conflictos armados. Y es que, tal y como insisten entidades de paz, desarme y defensa de los derechos humanos, las inversiones en el ámbito civil resultan mucho más rentables que cualquier inversión en el ámbito militar.

Podéis leer y descargar el texto de la denuncia presentada en el siguiente enlace: https://cutt.ly/tz4NGGg

Podéis leer la nota de prensa completa publicada por las entidades denunciantes en español aquí.



 18/03/2021

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